La cara visible de la generación que llegó al poder hablando de nueva política y transparencia hoy enfrenta el banquillo. La exdiputada Catalina Pérez, expresidenta de Revolución Democrática y mano derecha del Frente Amplio, irá a juicio oral por tres delitos consumados de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. La Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, pide 10 años y un día de cárcel para ella y los otros tres imputados.
El esquema fue brutal en su simpleza. Entre septiembre y octubre de 2022, la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en manos del entonces seremi Carlos Contreras (exjefe de gabinete de Pérez), firmó tres convenios por un total de 426 millones de pesos con la Fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja sentimental de la diputada en ese momento. La fundación tenía menos de un mes de antigüedad ante el SII cuando firmó el primer contrato. Nunca había hecho una sola obra. No tenía experiencia en habitabilidad. Era, lisa y llanamente, una caja pagadora montada entre amigos del partido.
Y lo más asqueroso: el 66% de los recursos públicos asignados se gastó en honorarios. Solo el 33% llegó a las obras prometidas en los campamentos antofagastinos. Mientras los más pobres seguían viviendo en mediaguas, el Frente Amplio se repartía los millones. La Unidad de Análisis Financiero detectó además un vale vista por 15,2 millones que Andrade transfirió a Pérez en 2023, un año después de los convenios. Hay chats de WhatsApp donde la entonces parlamentaria coordina cómo ambientar una oficina trucha en Santiago para engañar a los fiscalizadores.
Y esto no es un caso aislado. La Fiscalía investiga 89.961 millones de pesos defraudados al Estado a través de 68 fundaciones ligadas al boricismo. 41 imputados. Dos diputadas desaforadas. Esta es la cara real del progresismo chileno: discurso moralista en cámara y caja pagadora detrás del telón.
Cárcel para los corruptos. Esa es la consigna.